Beatriz Villarreal - Resiliencia alimentaria en Guatemala o vivir en peligro

Luego del ataque a las torres gemelas en Estados Unidos los países que eran parte del proyecto político de la modernidad, las instituciones  democráticas  y las políticas públicas comenzaron a vivir en peligro. Antes de esto, la meta era la búsqueda de una vida plena y segura para toda la población. A partir de esa fecha se impuso a nivel global, cada vez más, en cada país “modelos reducidos” que nos condicionan a vivir en peligro. El peligro se convirtió en parte de nuestras vidas, vivir, convivir y remontarlo con planes específicos. Las instituciones sociales han tenido que ubicarse progresivamente en un medio social  que tienen que tomar estas adversidades como una característica  que es parte del proceso a construir por las personas y los pueblos  en todo el mundo, desarrollando nuevas competencias para vivir en este contexto. Lo cual requiere de sujetos capaces y conscientes de este proceso, haciendo responsables a los gobiernos para que enfrenten además de esto problemas sociales, secuelas como  la destrucción y el deterioro del ambiente como es el caso de Guatemala.

De ahí en adelante se definió un nuevo término que es la resiliencia. Se le define como el realismo del peligro planetario, pues ya no hay retorno a la seguridad a la que  aspiraban las sociedades. La inestabilidad y la inseguridad se han convertido en la norma de los sistemas complejos, que hace que la supervivencia sea una responsabilidad individual y dependa de la madurez y de la razón colectiva que podamos alcanzar.

Respecto a la difícil situación alimentaria en Guatemala el Estado es el responsable de proteger a los sectores afectados por el hambre. Los gobiernos deben responder con un  adecuado manejo y coordinación de las  instituciones gubernamentales  como el Ministerio de Desarrollo, El Ministerio de Agricultura, La Secretaría de Salud Alimentaria, La Facultad de Agronomía de la USAC, La Escuela de Alimentos del Centro Universitario de Mazatenango, entre otros, para hacer realidad y asegurar los programas  de producción,  elaboración y distribución de alimentos a la población deficitaria, así como para eliminar los riesgos ocasionados por ejemplo por fenómenos ambientales como es la sequía de este año 2018. Las consecuencias en las pérdidas de cosechas de maíz y frijol de la población de más escasos recursos ya es una realidad. Las demandas de alimentos aumentan ante la imposibilidad de la cuarta parte de la población de obtener una alimentación saludable y nutritiva para todos sus miembros y en especial para los niños. Este problema al no ser resuelto a tiempo y adecuadamente por el gobierno, a pesar de contar con información, multiplicó la  gravedad de esta situación y demostró la incapacidad del gobierno actual para resolver esta grave situación.  Otros ejemplos más generales  para el cambio climático con la escasez de lluvias en lugares como Chiquimula,  afectan desde hace años a la población más desnutrida de ese departamento. El Ministerio de Ambiente no ha dado respuesta alguna ni ha reforestado, sino que más bien la producción de alimentos se ha venido reduciendo significativamente en ese departamento. 

Según la definición de resiliencia la capacidad para hacer frente a esta vulnerabilidad tiene que anticipar  adecuadamente los efectos adversos  para  resistirlos, enfrentarlos y poder recuperarlos. Tomar en cuenta las posibilidades de ocurrencia de desastres naturales y sociales como parte del quehacer de la política púbica pública para incrementar la respuesta a esa limitación por las comunidades afectadas para superar, en nuestro caso, problemas tan profundos e históricos como el hambre y la desnutrición, por nosotros mismos y apoyados en la solidaridad internacional de países e instituciones como la FAO. Esto sería desarrollar capacidad para el manejo correctivo y futuro de los riesgos, teniendo como premisa no exponer de manera deliberada  la vida de muchas personas y sobre todo desterrar la desnutrición profunda que no permite un crecimiento saludable y adecuado de gran parte de la población que vive en pobreza extrema en las regiones más alejadas del país. Esto es lo que la hace tan vulnerable a este país.

El grupo del Banco Mundial pretende erradicar la pobreza extrema en todo el mundo en el año 2030. En el año 2015 el porcentaje de pobreza extrema a nivel mundial era del 10%. De 1990-2015 -25 años- se logró superar la pobreza en mil millones de personas y actualmente faltan 736 millones que subsisten con $1,90 al día. En los países de ingreso medio, como Guatemala, el 25% de la población subsiste con $3,20 al día. Son aproximadamente 24 quetzales al día por familia para educación, electricidad, agua y saneamiento. Los más afectados son los niños y las mujeres, suman  casi 4 millones de guatemaltecos.

Es una cifra significativa. Esto le genera una incapacidad crónica a importantes grupos de personas de obtener lo mínimo para subsistir al no ser son tomadas en cuenta por las políticas públicas para la formación de capital humano, con inversión en programas alimentarios o de salud. Hay que destacar que por los escasos resultados de los esfuerzos hechos en esta materia por los últimos cuatro gobiernos (20 años), Guatemala no es incluida en el grupo de los 28 países pioneros en proyectos para la formación de capital humano, que son programas requeridos para preparar a la población para el futuro, lo que le genera mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el grupo del Banco Mundial ha logrado establecer la existencia de una relación directa o correlación entre aspectos como la salud y la educación con el crecimiento económico. Lo que para el caso de Guatemala permite obtener una conclusión en el sentido de que esa correlación no existe. O sea que para el sector económico no es prioritario la formación un buen recurso humano sano y educado. 

Las resultados del actual gobierno comparados con las cifras anteriores son similares a las de hace veinte años. Se siguen muriendo niños por hambre y por desnutrición grave. Por año las cifras son iguales o van en aumento.  Esto significa que es muy poco lo que se ha hecho. No hay ningún avance en las medidas gubernamentales. Puede decirse que este no es un gobierno que tiene la voluntad, decisión política y vocación de resolver esta catástrofe. Pareciera que vivimos de la caridad de instituciones internacionales y no de las políticas públicas que son responsabilidad de cada gobierno y de sus gobernantes. El balance por las cifras que se muestran es muy negativo. Para este país la educación, la alimentación y la salud de la población no son la prioridad. De continuar así el peligro será nuestra ruta para los próximos años y décadas.