Discapacidad: urge activar el Decreto 59-2008 por Werner R. González

En el artículo uno del Decreto 59-2008, el Congreso de Guatemala aprueba y ratifica la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del año 2006, en consideración a la Carta de las Naciones Unidas que proclama el valor inherente y los derechos inalienables de todos los miembros de la familia teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana. La peculiaridad y característica del Decreto 59-2008, fue haber sido declarado de urgencia nacional y aprobada en un solo debate con el voto favorable de más de dos terceras partes del número total de Diputados. Esto, referente a la “Urgencia Nacional” no sucede siempre en el Congreso. Seguramente, fue así, por a la importancia que para el país conlleva atender el conglomerado de conciudadanos inscritos en el marco de la Discapacidad. Debido a que el concepto de discapacidad adquiere tonalidades distintas dependiendo la latitud, veamos:

¿Qué es la discapacidad desde el Decreto 59-2008? en el segundo considerando se brinda la descripción oficial: “concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad…,” fundamentado en: “que el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades es enormemente importante, … y su plena participación tendrá como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad”, indica el tercer considerando. Ahora bien, atendiendo este contenido, la pregunta obligada es:

¿Será que el Estado dentro de sus políticas públicas «desde una década de la proclamación del Decreto 59-2008» invierte proporcionalmente de su presupuesto general para atender y llevar a la práctica los preceptos de la Convención de Naciones Unidas ratificados por Guatemala en el marco de su ordenamiento jurídico? ciertamente, es una pregunta compleja; y más, si no se tienen estadísticas específicas que permitan cuantificar e identificar con precisión las características  existenciales de estas personas y dar seguimiento a su estado actual. Si bien el censo del 2002 incluyó preguntas relacionadas a la discapacidad, este fue un número limitado e insuficiente de preguntas para determinar con precisión cualitativa y cuantitativa la proporción de este conglomerado social. Luego en 2005 se realizó la encuesta nacional de discapacidad –ENDIS- que infortunadamente fue un ejercicio aislado al que no se le conoce su impacto a favor de la población discapacitada.

Más recientemente, se realizó la ENDIS-2016 que aún cuando presenta mejores modelos de registro y análisis, no deja de ser sólo una muestra de aproximadamente 3,000 hogares encuestados, que si bien presenta una imagen general no incluye a todas las personas con discapacidad en Guatemala que sería lo deseable. En el Censo Nacional 2018, se incluye un módulo adaptado de preguntas «apoyadas por el Washington Group» cuyos resultados serán presentados, tras el primer semestre del presente año 2019. Se exhorta a la comunidad estadística del país conjuntar estos esfuerzos en una sola matriz multifactorial y multisectorial a manera de registro histórico que permita facilitar estudios posteriores con mayor rigor técnico-científico dirigidos especialmente a esta importante proporción o conglomerado poblacional del que hace falta conocer al detalle  sus prioridades y necesidades sociales  monitoreándolas en el tiempo. Para ello, el Código Único de Identificación (CUI) permitirá inequívocamente identificar a la persona.

Debido a estas falencias, el Sistema de Información de Personas con Discapacidad -SIPDI-, presentó internacionalmente propuesta para realizar un proyecto piloto en el municipio de Teculután, Zacapa a iniciarse el presente mes de enero-2019 con la idea de aprender y validar, en ese ejercicio, la necesidad de contar con un Reconocimiento de Personas con Discapacidad y organizar un registro vivo que integre las principales referencias personales para facilidad de seguimiento y monitoreo que permita profundizar en  las prioridades, necesidades y condiciones de vida personal y dentro del grupo familiar (porque la discapacidad también impacta al grupo cercano y su entorno social). El objetivo general es realizar cinco pruebas pilotos en puntos estratégicos cardinales de Guatemala. La investigación persigue alcanzar una variedad de propósitos sociales y gestionar acciones (intervenciones) de parte del Estado en pro de las personas con estas características sociales por lo que se alienta a la cooperación internacional y al gobierno proveer el apoyo necesario para el arribo a buen puerto del presente trabajo social investigativo.  El prototipo del proyecto se puede consultar en el sitio-web  https://sipdi.org y la dirección de correo electrónico para consultas y propuestas: info@sipdi.org