Luis Javier Crisóstomo - El tráfico de influencias
Quienes hacen administración pública en cualquiera de los niveles viven diversidad de experiencias en cuanto a las presiones que se reciben de algunos funcionarios con el objetivo de atender requerimientos de estos últimos en cuanto a temas de particular interés y no tanto para aquellas decisiones y acciones que se necesitan realmente para la eficiencia y eficacia de la administración y el fortalecimiento de las instituciones para alcanzar el bienestar de la población guatemalteca.
El análisis acerca del uso de los recursos públicos, el impacto de los servicios públicos en la vida de las comunidades y de los pueblos, sale a relucir las calificaciones negativas del quehacer de varios funcionarios y trabajadores del sector público. Muchas personas tienen conocimiento de que tal autoridad o tal trabajador no cuenta con las calificaciones para ocupar puestos públicos con alta responsabilidad, especialización en los temas que requiere determinado puesto y tacto para las decisiones que tienen que ver con respuestas a las necesidades de los pueblos.
Hay puestos públicos que se exponen a presiones por atender intereses de personajes que trafican sus influencias para obtener beneficios personales, atender necesidades de amigos, financistas y familiares en la administración pública. Es conocida por muchos compatriotas la práctica de obtener algún contrato o plaza fija a través de politiqueros del nivel municipal y departamental y sus efectos en la administración pública son lamentables como el hecho de ceder puestos a personas sin el perfil profesional o llenar puestos con familiares de tales políticos cuyo vínculo con determinado partido político desvía el funcionamiento de las instituciones.
Cualquier funcionario o trabajador público se expone al tráfico de influencias debido a que hay que atender al que se encargó de influir en el nombramiento para llegar y permanecer en el puesto, ceder a las exigencias del funcionario que vende puestos de trabajo en el sector oficial, aprobar las peticiones del funcionario con quien se comparte la misma afiliación política, adjudicar alguna compra a determinada empresa por las presiones de distintos actores, ceder ante la presión que viene de un funcionario o trabajador público de nivel superior que da órdenes al de menor jerarquía. Hay leyes que indican el procedimiento a seguir cuando se refiere a contratación de trabajadores que muchas veces se obvian por atender las presiones de personas generalmente funcionarios de alto nivel.
Son efectos del tráfico de influencias en la administración pública el obviar procedimientos legales establecidos, la contratación de personal con perfil poco idóneo para la planificación y ejecución de acciones de los servicios públicos vitales en la vida de las comunidades, la falta de transparencia en procesos administrativos, el ceder puestos técnicos, administrativos, docentes y profesionales a partidarios de determinado partido político y el uso de esta influencia para mantener a los empleados públicos con alguna dosis de decisión en realizar acciones que se olvidan de intereses comunes. Algunos actores en el tráfico de influencias pueden ser alcaldes, diputados, líderes de partidos políticos y asesores de entidades públicas cuyos hechos se callan por diversos motivos cuyos efectos se traducen en falta de denuncias.
El tráfico de influencias se debe reducir haciendo convocatorias para la selección de personal, la auditoría de la sociedad para el buen uso de recursos y la denuncia para casos donde se solicita dinero para obtener plazas o contratos.
