Casi dos siglos después por Luis Javier Crisóstomo

Los herederos de los españoles fundaron su Estado cuando percibieron que ya era tiempo asumir el control del poder y el uso sin límites de los recursos del territorio. Razón tiene el actual Presidente del Congreso, su respectivo grupo y aliados para referirse al pasado colonial que sigue hoy como presente colonial bajo la dirección de ellos al interno del país.  En este contexto, el Estado de Guatemala, fundamenta su razón de ser y su organización atendiendo los intereses de unos pocos, actores de la continuidad de prácticas en contra de la justicia, la democracia y de la paz.  Consideran al Estado de Guatemala como su organización y tienen las estrategias para que sigan haciendo lo que quieran mientras el pueblo acepte.  Los dueños del Estado colonial y racista, como lo visto en estos últimos años, se encargan de financiar a los partidos políticos para seguir influyendo en las decisiones de Estado.

Para los pueblos invadidos, todo sigue igual.  La discriminación y el racismo están a la orden del día en los poderes del Estado, en los servicios públicos, en la legislación general, en la actitud de muchas autoridades y funcionarios de todos los niveles.  Los pueblos indígenas son los más olvidados por esa práctica colonial que todavía se mantiene en estos días y el impacto que ha producido se refleja en el porcentaje de pobreza, desnutrición, analfabetismo e injusticia entre otros.

El Libro Legislación Indigenista de Guatemala de Jorge Skinner Klée, registra algunos ejemplos de la actitud racista del Estado, por ejemplo el Decreto del Congreso del 29 de octubre de 1824 que mencionaba “por los medios más análogos, prudentes y eficaces, extinguir el idioma de los primeros indígenas”, el Decreto de la Asamblea Legislativa del 3 de noviembre de 1,829 que declaraba “quiénes deben ser obligados a trabajar en las haciendas y las autoridades que harán cumplir esta ley”. Seguimos mencionando el Decreto de la Asamblea Legislativa del 29 de marzo de 1836 que dispuso “dar protección a los indígenas no civilizados”.  La Circular del 3 de noviembre de 1876 que se refiere “a proporcionar a los dueños de fincas los mozos que les soliciten”.  El Decreto del Ejecutivo No. 451 del 10 de octubre de 1,892 que trata de una convocatoria a “un concurso respecto a una exposición razonada del mejor sistema de civilizar a los indios”.  La parte final del artículo 110 de la Constitución Política de 1965 que habla de política dirigida a la población indígena para “su integración a la cultura nacional”.  Últimamente, cuando se habló en la actual legislatura para considerar la participación y representación de los pueblos indígenas en el Congreso, el tema no encontró apoyo. Esto es solamente una enumeración de acciones que reflejan la mentalidad y práctica colonial que muy bien practican muchas instituciones del país.

Es de reconocer que la práctica colonial sostiene la estructura del Estado que ha provocado y sigue provocando la desigualdad en que se encuentra un gran porcentaje de la población guatemalteca y mientras esto no se corrige, es el Estado uno de los actores que acompaña y facilita el actuar de otros actores que viven de los efectos de la desigualdad y la pobreza en que viven muchos guatemaltecos. El Estado favorece que unos pocos se aprovechen de esta situación antidemocrática, injusta y violenta.

Este proceso electoral, es una oportunidad para llevar responsablemente al debate la práctica colonial interna, el Estado compatible con la pluralidad étnica del país y el modelo de desarrollo más humano para todos, incluido el medio ambiente.